Es la forma como se está aplicando justicia en la zona del Catatumbo donde las acciones violentas no han escatimado al dejar por fuera a la población civil
Dos hechos replicaron en la agenda noticiosa nacional reforzando, una vez más, la imagen que se tiene de la región del Catatumbo de ser una zona convulsa. Y no es para menos; el asesinato en Tibú de un niño de doce años y un adolescente de 18, en lo que se considera, una forma de reprender a los adolescentes por un intento de hurto en un almacén del sector céntrico de esa localidad. La acción implacable con la que se procedió es desde todo punto de vista reprochable, tanto como lo ocurrido en San Calixto, también en esa subregión nortesantandereana, donde una mujer de 80 años, Salustriana Martínez, la nona del pueblo, murió en el fuego cruzado entre grupos armados ilegales y miembros de la policía nacional que repelían un ataque que se registró justo cuando los fieles católicos estaban en misa.
Estos hechos, y otros que han ocurrido en los últimos meses y que no han tenido el mismo impacto mediático, evidencian que la zona del Catatumbo merece mucha más atención.
Por un lado, es necesario que se apliquen estrategias de seguridad que vayan más allá de las operaciones militares y policiales y se incentive a las comunidades, por parte de la misma Fuerza Pública y las autoridades civiles, a que la gente participe de las soluciones al problema de inseguridad, pero con actos serenos. Cada quien tiene derecho a defender sus bienes y llegar incluso a aprehender delincuentes, pero el paso a seguir debe ser entregarlos a las autoridades competentes pues muchas veces la mano de la justicia propia se puede ir y salirse de control y termine reprimiendo un delito con otro peor.
Por otro lado, el tema de la octogenaria sancalixtense también llama a un grado sumo de reflexión. Aun cuando lo ideal es que el conflicto termine, mientras este persista. El principio de distinción debe prevalecer, y este llamado es para los actores armados.
El panorama violento que se aprecia en la región debe contrastar con esas buenas intenciones de hacer del Catatumbo el paraíso para visitar. Pero para esto se tienen que superar esas estadísticas negativas que contemplan como principales víctimas a las mujeres y a los menores de edad.
Tibú, según el personero de esa localidad, John Ascanio, tiene un índice negativo de 25 mujeres desplazadas y ocho asesinadas. Las acciones allí deben ser urgentes y efectivas.
Para José Luis Franco, personero de San Calixto, la situación del Catatumbo es difícil pues en la región, en los últimos meses van 25 ataques armados. Esto debe implicar más atención a las alertas tempranas que se han emitido por parte de la Defensoría del Pueblo.
La región quiere salir adelante; aun cuando muchos no lo consideren, se están haciendo obras, tal vez no como se espera, pero en medida importante hasta los mismos alcaldes de los municipios enmarcados en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET- reconocen que se ha llegado con acciones contempladas en la implementación del Acuerdo Final. Sin embargo, falta seguir impulsando a través de la pedagogía y las agendas informativas locales y regionales un espíritu de reconciliación al tiempo que se rechace todo aquello que repotencia la violencia. Definitivamente la ley del monte no es la más apropiada para aplicar.
GIOVANNY MEJÍA CANTOR
COMUNICADOR SOCIAL Y PERIODISTA
INVITADO POLSO
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