Un golpe a la democracia del país

Por: María José Castro

El repentino hundimiento de la consulta popular el pasado 14 de mayo del presente año sobre la reforma laboral en Colombia, representa una grave derrota, no solo para los trabajadores del país, sino para el ejercicio democrático como tal. Es una circunstancia en la que grandes sectores sociales gritan por transformaciones estructurales que dignifiquen el trabajo y reduzcan la desigualdad, por ende, impedir que la ciudadanía pueda pronunciarse directamente sobre una reforma como esta, a través de un mecanismo de participación ciudadana, es una muestra clara del miedo de ciertos sectores a la decisión popular.

Podría considerarse que es una censura nacional que viola el derecho a la libertad de expresión y de decisión, estipulado en el artículo 20 de la Carta Magna, así como también vulnera el derecho al trabajo digno constituido en distintos artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La consulta popular, impulsada por centrales obreras y respaldada por sectores progresistas, busca (o buscaba) someter a la decisión ciudadana los elementos principales de una reforma laboral orientada a garantizar los derechos básicos para los trabajadores: estabilidad en el empleo, regulación de la tercerización, pago justo de horas extras y fortalecimiento de los sindicatos. Lejos de ser una propuesta radical, la reforma recogía reivindicaciones históricas, muchas de ellas en línea con estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y con las promesas que han sido sistemáticamente incumplidas por gobiernos anteriores.

¿Cuántas veces más se postergará la desigualdad?

Es fundamental recordar que el trabajo digno no es un lujo ni una carga para el desarrollo, sino una condición INDISPENSABLE para el tejido social y vivir apropiadamente con todas las garantías que nos debe cobijar la ley. En un país donde más del 50% del empleo es informal, donde millones de trabajadores carecen de acceso a seguridad social y donde la tercerización ha servido como excusa para eludir responsabilidades laborales, proponer una reforma que corrija estos abusos es simplemente, un acto de justicia. Que este acto no haya llegado a la deliberación democrática por medio de una consulta popular es profundamente preocupante.

¿Cómo es posible que se deba votar para por lo menos conseguir lo fundamental en un trabajo como lo es un seguro de vida o remuneración de horas extra? y más en trabajos informales, donde la mayoría de los colombianos subsisten de este tipo de empleo.

Esta problemática también pone en evidencia las limitaciones del sistema institucional colombiano para canalizar las demandas sociales. Las reglas del juego político parecen estar diseñadas para proteger el statu quo, y no para permitir la transformación que exige la ciudadanía. Se exponen razones como por ejemplo: si no se cumplieron requisitos técnicos, o si hubo vacíos procedimentales, pero detrás de estas excusas hay un claro contenido ideológico, y es que no quieren que el pueblo decida sobre los temas que afectan su vida diaria. Se prefiere mantener estas decisiones en manos de unos pocos, dándoles la espalda a un país real que necesita de soluciones eficaces e inmediatas.

Silenciar un mecanismo no silencia una causa

¿Qué sentido tiene recolectar firmas, cumplir con requisitos legales, o de movilizar a un conglomerado de personas, si al final una decisión administrativa puede enterrar el interés público? ¿Qué legitimidad tiene un sistema democrático que se niega a escuchar al pueblo incluso cuando este se organiza pacíficamente y dentro de lo lícito?

Es urgente que la ciudadanía y los movimientos sociales reaccionen con firmeza frente a este agravio. No podemos permitir que el miedo al cambio siga bloqueando el camino hacia una Colombia más equitativa. La reforma laboral no puede morir aquí. Debe seguir siendo una bandera de lucha, tanto en los escenarios institucionales como en las calles, en los sindicatos, en los centros educativos y en las redes sociales. Debemos exigir que se abra nuevamente al diálogo, que se legisle con responsabilidad y que se consulte a la ciudadanía cuando se trate de derechos fundamentales.

El declive de esta iniciativa puede haber frenado temporalmente el mecanismo, pero no detendrá la convicción de millones de colombianos que exigen dignidad laboral, porque los derechos no se archivan, se defienden y cuando un país se levanta para exigir justicia, ni el miedo, ni la censura, ni los intereses de unos pocos pueden contenerlo. La democracia no se mide por lo que se permite decir, sino por lo que se está dispuesto a escuchar y tarde o temprano, Colombia tendrá que escuchar a sus trabajadores.