¿Sostenibilidad para quién?

Por: Leonardo Quintero

La palabra sostenibilidad se ha vuelto omnipresente. La escuchamos en discursos

empresariales, en planes de gobierno, en etiquetas de supermercado. Todo parece ser

sostenible: desde una botella plástica con “menos plástico” hasta una megaconstrucción en plena selva. Pero cada vez que se invoca esta palabra sin detenerse a pensar en quién

queda afuera del modelo, algo se resquebraja. ¿Podemos realmente hablar de

sostenibilidad sin justicia social? La respuesta es tan obvia como incómoda: no. Sin justicia,

la sostenibilidad es una fachada.

Nos han hecho creer que cuidar el planeta es un acto individual, una serie de decisiones

privadas: separar residuos, usar una bolsa reutilizable, consumir menos carne. Y sí, cada

gesto cuenta. Pero mientras se promueve esta ética verde de bolsillo, se silencian otras

preguntas más profundas. ¿Quién paga el costo del desarrollo sostenible? ¿Qué

comunidades se sacrifican para que otros puedan consumir con tranquilidad? ¿Qué

territorios se deforestan en nombre de una transición energética que, paradójicamente,

repite lógicas extractivas?

Cuando los discursos de sostenibilidad no incluyen a las comunidades vulnerables, cuando

no se reconoce el racismo ambiental, el despojo territorial o la explotación laboral, estamos

repitiendo el mismo patrón de siempre: el centro urbano decide, la periferia obedece; los

países ricos imponen, los del sur global cargan. Se cuida el planeta, pero no a las personas.

Los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes han sido históricamente

guardianes de la naturaleza. No porque esté de moda, sino porque su modo de vida está

profundamente entrelazado con los ciclos del agua, la tierra y el cielo. Sin embargo, sus

voces siguen siendo las menos escuchadas en las cumbres climáticas. Sus territorios, los

más codiciados por las industrias extractivas. La paradoja es cruel: quienes más

contribuyen a la preservación del planeta son también quienes más sufren los impactos de

la crisis climática y de los proyectos que dicen combatirla.

En zonas como el Catatumbo o la Amazonía, hablar de sostenibilidad implica hablar de

dignidad, de soberanía alimentaria, de derecho a quedarse en el territorio. No se puede

pedir a una comunidad que “cuide el bosque” si no tiene acceso a salud, educación ni

seguridad. No se puede exigir que los pobres vivan de forma ecológica mientras el modelo

económico se basa en el hiperconsumo de los privilegiados.

La sostenibilidad no puede seguir siendo un lujo ni una estrategia de marketing. Tampoco

puede basarse en indicadores que ignoran las realidades sociales. Un proyecto puede

cumplir con los estándares ambientales y, aun así, ser profundamente injusto. Por ejemplo,

los cultivos de palma de aceite “certificados” que desplazan comunidades; los parques

eólicos que contaminan visualmente el paisaje y fragmentan la vida social; las ciudades

verdes que expulsan a los más pobres en nombre de la renovación urbana.

Incluso en los discursos gubernamentales se ha vuelto habitual maquillar los conflictos con

palabras como “bioeconomía”, “economía circular” o “desarrollo regenerativo”. Suenan bien.

Pero si no se transforman las estructuras de poder, si no se democratiza la toma de

decisiones, si no se garantiza la participación de los históricamente marginados, solo

estamos cambiando el decorado del mismo escenario de exclusión. Justicia social implica reconocer que no todos partimos del mismo lugar. Que hay comunidades enteras que han sido sistemáticamente despojadas de sus derechos, de sus saberes, de sus recursos. Que la deuda no solo es financiera, sino también ecológica y moral. La sostenibilidad, entonces, no debe ser entendida como una meta técnica, sino como una ética del cuidado colectivo. Cuidar no solo la tierra, sino también a quienes la habitan y la defienden.

Y esto también interpela a nuestras ciudades. ¿De qué sirve tener ciclovías si quienes

reciclan nuestros residuos viven en condiciones indignas? ¿Qué sentido tiene una feria de

productos orgánicos si los campesinos no pueden acceder al agua potable? ¿Qué tan

sostenible puede ser una sociedad que sigue midiendo su progreso por el crecimiento

económico y no por la equidad?

La educación ambiental, la tecnología verde, la eficiencia energética… todo eso es

importante. Pero si no se cruza con la realidad social, se queda en la superficie. Porque no

basta con salvar árboles si se siguen talando derechos. No sirve reducir emisiones si se

multiplican las desigualdades. No hay futuro sostenible si el presente está marcado por la

injusticia.

Es hora de cambiar el enfoque. De dejar de pensar la sostenibilidad como un fin en sí

mismo y empezar a verla como un camino que necesariamente debe pasar por la justicia.

Una justicia que reconozca la deuda histórica con los territorios sacrificados, que dignifique

el trabajo de quienes siembran, tejen, cocinan, limpian. Una justicia que entienda que la

sostenibilidad no se mide en toneladas de carbono, sino en vidas que merecen ser vividas

con plenitud.

Quizá entonces podamos imaginar un mundo distinto. Uno donde la sostenibilidad no sea

un privilegio, sino un derecho compartido. Donde los ríos no se privaticen, los bosques no

se compren, las comunidades no se callen. Donde lo verde no sea solo un color de marca,

sino una forma de habitar el planeta con responsabilidad, con humildad, con memoria.

Porque mientras se hable de sostenibilidad sin justicia, solo estaremos pintando de verde un

sistema profundamente injusto. Y el planeta, aunque lo pintemos de mil colores, seguirá

gritando por dentro.