Salud en el Catatumbo: vivir en la tierra del olvido

Por Jailin Hernández

Hablar de salud en el Catatumbo es hablar de abandono, es mirar de frente una de las regiones más estratégicas y ricas de Colombia, pero también una de las más olvidadas. Mientras en las grandes ciudades se debate sobre el modelo de salud, en el Catatumbo miles de personas aún viven sin acceso digno a un hospital, a una ambulancia o a una consulta médica básica. No es una casualidad ni un error de planeación: es el resultado de décadas de exclusión, negligencia y decisiones políticas que han marginado a quienes habitan esta tierra.

El Catatumbo no solo enfrenta una crisis humanitaria por el conflicto armado y la presencia de grupos ilegales. También sufre una emergencia sanitaria permanente, aunque muchas veces silenciosa. En municipios como El Tarra, Tibú, Hacarí, Convención o Teorama, los centros de salud son escasos, están mal dotados o funcionan con servicios mínimos. Hay puestos de salud donde no hay personal médico, ni insumos, ni medicamentos. Existen veredas donde una mujer embarazada debe viajar más de cuatro horas por caminos de tierra para poder dar a luz en condiciones mínimamente seguras. Hay niños que mueren por enfermedades prevenibles y adultos mayores que nunca han sido atendidos por un profesional de la salud.

La salud en el Catatumbo no puede seguir tratándose como si fuera solo un problema técnico. Es, ante todo, una cuestión política y de justicia territorial. No se puede hablar de paz, de desarrollo rural o de reconstrucción del tejido social sin garantizar primero lo más básico: el derecho a la vida y a la salud. Cada vez que un gobierno posterga la inversión en infraestructura, en personal médico o en atención rural, está profundizando las heridas de una región ya marcada por la guerra y el olvido.

Las soluciones, además, no pueden venir solo desde Bogotá o desde las capitales departamentales. El Catatumbo necesita una política de salud construida desde el territorio, con participación activa de sus comunidades, con enfoque diferencial y con respeto por las dinámicas locales. No se trata únicamente de construir hospitales (que hacen falta), sino de garantizar una presencia estatal sostenida, transporte sanitario, rutas seguras y, sobre todo, profesionales de la salud que estén dispuestos a permanecer en la zona.

Esto requiere voluntad política y condiciones reales. ¿Qué médico querría quedarse en una vereda donde no hay vías transitables, donde no se garantiza la seguridad, donde no hay vivienda digna ni condiciones para vivir con su familia? Por eso, pensar en salud rural en el Catatumbo es también pensar en seguridad, conectividad, educación, infraestructura y presencia integral del Estado.

La telemedicina podría ser una herramienta clave para reducir las brechas, pero en muchas zonas del Catatumbo ni siquiera hay electricidad o acceso estable a internet. Es como pedirle a una comunidad que hable por videollamada cuando apenas tiene señal de celular. La tecnología no sustituye la inversión estructural que durante décadas les ha sido negada.

Y no podemos dejar de hablar de la salud mental. El conflicto armado ha dejado traumas profundos en estas comunidades: desplazamiento forzado, violencia sexual, reclutamiento infantil, asesinatos, amenazas. Pero ¿qué atención psicológica o emocional se ofrece a estas víctimas? En la mayoría de los casos, ninguna. La salud mental en el Catatumbo sigue siendo una deuda invisible, pero urgente.

Lo más doloroso es que quienes viven en esta región no han pedido privilegios. Han pedido condiciones mínimas, dignas y humanas. Han exigido lo que les corresponde por derecho: un sistema de salud que no los condene por nacer lejos de las ciudades.

La “paz total” de la que tanto se habla no será posible mientras en el Catatumbo la gente siga muriendo por falta de atención médica. La paz no se firma solo con acuerdos: se construye con inversión, con justicia, con equidad. Y la salud debe ser el primer pilar de esa reconstrucción.

Colombia le debe al Catatumbo mucho más que discursos. Le debe presencia, compromiso y reparación. Garantizar el acceso a la salud en esta región no es solo una política pública: es un acto de humanidad y una señal clara de que el Estado está dispuesto, por fin, a saldar su deuda histórica con el campo colombiano.