Reforma laboral: ¿solución o amenaza para el empleo en Colombia?

Por: María José Hernández

No podemos permitir que el Gobierno nos venda como un triunfo lo que, en realidad, es una amenaza para el empleo en Colombia. La reforma laboral que se discute actualmente no solo pone en riesgo miles de puestos de trabajo formales, sino que también debilita las bases de nuestra economía. Es un golpe fuerte para las pequeñas empresas, los trabajadores y sus familias.

Como ciudadana preocupada por el porvenir del país, no puedo guardar silencio ante esta amenaza. Esta reforma, disfrazada de protección social, es en realidad una carga insostenible para los empresarios y una barrera para quienes buscan una ocupación digna. Se calcula que esta propuesta podría ocasionar la pérdida de 451.000 empleos. ¿Quién se hará responsable de esas familias que se quedarán sin sustento?

Esta iniciativa se encuentra muy lejos de ofrecer respuestas efectivas a las demandas del país. Impone cargas excesivas a los empleadores, especialmente a las micro y medianas empresas, que son el verdadero motor de nuestra economía. Estas representan el 83% de los negocios formales y generan la mayor parte del empleo legal en Colombia. Ahora se verán obligadas a enfrentar mayores costos laborales, lo que pondrá en riesgo su sostenibilidad, limitará su capacidad de expandirse y de crear nuevas oportunidades.

Como firme defensora del emprendimiento y el esfuerzo personal, me inquieta que el incremento del 11,9% en el costo de las nóminas lleve a los emprendedores al borde del colapso. Esta reforma los condena a optar entre cerrar sus negocios o recurrir a la informalidad.

El Gobierno debe reconocer que garantizar los derechos laborales es fundamental, pero esto no puede lograrse a través del cierre de empresas y la pérdida de empleos. En lugar de cargas desproporcionadas, es necesario construir una reforma que estimule el crecimiento económico, promueva la formalización del empleo y proteja a los trabajadores sin debilitar el tejido empresarial colombiano.

La defensa del trabajo y el bienestar de las familias debe prevalecer sobre cualquier agenda política. Es momento de que las autoridades escuchen a todos los sectores productivos y elaboren una propuesta que realmente impulse el desarrollo económico del país.

Aún más preocupante es la rigidez laboral que esta reforma impone. Al eliminar los contratos a término fijo y por obra o labor, el Gobierno está limitando las oportunidades para muchas personas que dependen de esos contratos para subsistir. Es injusto e irresponsable empujar a tantas personas a esta situación laboral.

Tampoco podemos olvidar los sectores que dependen del trabajo nocturno y en días festivos, como el comercio, los servicios y el entretenimiento. El aumento del recargo por laborar en dominicales y festivos del 75% al 100% es un golpe devastador para estos negocios. Este tipo de medidas no protegen al trabajador; lo condenan al desempleo.

Por su parte, algunos legisladores han destacado que la reforma ofrece pocas soluciones reales a problemas fundamentales como la informalidad y las desigualdades salariales. Su supuesta intención de recuperar derechos laborales se está llevando a cabo afectando el bienestar de millones de colombianos que dependen de la estabilidad laboral, la cual ahora se encuentra en peligro.

No se puede construir justicia social sobre las ruinas de la estabilidad laboral. En lugar de crear cargas imposibles de sostener, el Gobierno debería centrarse en incentivar la formalización del empleo, reducir la brecha de ingresos y ofrecer alternativas viables para proteger tanto a trabajadores como a empleadores.

No puedo quedarme en silencio mientras una reforma tan perjudicial amenaza la estabilidad de los colombianos. Si los legisladores aprueban esta iniciativa, serán responsables del desempleo, del cierre de negocios y del aumento de la informalidad. El futuro laboral de Colombia está en juego, y debemos alzar la voz antes de que sea demasiado tarde.