Las EPS: una promesa que se volvió deuda

Por: Freida Palomino

En Colombia, hablar de salud es, cada vez más, hablar de frustración. Entre citas que no llegan, medicamentos que se demoran y trámites que parecen diseñados para rendir al más paciente, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) han terminado por convertirse en el símbolo de un sistema que no está cuidando a quienes más lo necesitan. Y lo que vemos es una crisis que no solo persiste, sino que se profundiza.

Según datos de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023, la tasa de reclamos por cada 10.000 afiliados fue de 274,65. Para el periodo comprendido entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024, esta cifra aumentó a 322,03, lo que representa un incremento del 17,2% en tan solo un año .

Los principales motivos de reclamación incluyen la negación de citas médicas con especialistas, la falta de oportunidad en la asignación de citas y el acceso a tecnologías contempladas en el plan de beneficios en salud. Estos problemas no son aislados; son síntomas de un sistema que, lejos de garantizar el derecho fundamental a la salud, lo pone en riesgo.

En un intento por corregir el rumbo, el gobierno ha intervenido varias EPS, como Sanitas, Capresoca y Savia Salud. Aunque se ha reportado una disminución en las quejas en algunas de estas entidades, la reducción ha sido marginal. Por ejemplo, entre octubre y diciembre de 2024, la EPS Capresoca redujo sus quejas en un 38,8%, mientras que Savia Salud y SOS disminuyeron en un 24,8% y 23,8%, respectivamente .

Sin embargo, estas cifras no reflejan una mejora sustancial en la calidad del servicio. La intervención, aunque necesaria, ha sido insuficiente para transformar un sistema que sigue priorizando la rentabilidad sobre la atención al paciente.

En 2024, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) ejecutó $95 billones para garantizar la salud en Colombia. De estos, $84 billones fueron girados a las EPS e Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) para cubrir la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el valor asignado por cada afiliado .

Sin embargo, estos recursos no siempre llegan a quienes más lo necesitan. La distribución de la UPC varía significativamente entre regiones. Por ejemplo, en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la UPC promedio por afiliado es de $2.428.339 en el régimen contributivo, mientras que en Casanare es de $1.483.276. Estas disparidades reflejan las desigualdades en el acceso y la calidad de los servicios de salud en el país.

La deuda de las EPS con clínicas y hospitales ha aumentado, y la crisis ha derivado en una desconfianza generalizada en el sector, reduciendo inversiones y empleo en salud . Esta situación afecta con más fuerza a quienes no tienen otra opción: los sectores más vulnerables, los que viven en zonas apartadas, los que no tienen cómo pagar un servicio particular. Ellos son los que enfrentan filas eternas, teléfonos que nunca contestan y trámites sin fin.

¿Dónde queda entonces el derecho a la salud? ¿Dónde están las soluciones estructurales? El gobierno habla de reformas, pero mientras los debates se enredan en el Congreso, las vidas se siguen poniendo en pausa. O peor: se pierden.

Colombia necesita un sistema que ponga al paciente en el centro, no a los balances financieros. La salud no puede seguir siendo un negocio que juega con el tiempo y la vida de la gente. Porque cuando una EPS falla, no solo está fallando un trámite. Está fallando un país entero.