La salud como víctima silenciosa

Por Angie Álvarez Medina

"Cuando la salud pierde su abrigo, se quebranta el tejido de la vida"

La región del Catatumbo, ubicada en el noreste de Colombia, en el departamento de Norte de Santander, enfrenta una prolongada crisis humanitaria que amenaza gravemente la salud de la población. Violencia armada, desplazamientos masivos, confinamiento y ataques a la misión médica han deteriorado los servicios básicos. Sin embargo, el Gobierno y organismos internacionales han implementado medidas de emergencia para responder ante la urgencia. Según la Defensoría del Pueblo, más de 60.000 personas han sido desplazadas y cerca de 27.000 se encuentran confinadas desde enero de 2025.

Impacto del conflicto armado en la salud

La violencia ha desestructurado los servicios básicos en la región. Muchos puestos de salud rurales han cerrado, y el personal médico ha sido víctima de amenazas y ataques. Según Médicos Sin Fronteras, "muchas personas viven a tres o cinco kilómetros de un centro de salud funcional, pero no van por miedo al conflicto".

Respuestas institucionales y humanitarias

El Ministerio de Salud, en colaboración con la OPS/OMS, ha implementado acciones como el monitoreo de la red hospitalaria, la capacitación del personal sanitario, la atención psicosocial y la coordinación con EPS para pacientes crónicos en albergues. Sin embargo, estas medidas son insuficientes ante la dimensión del problema, pues es como tratar de apagar un incendio con una manguera rajada. La magnitud de la crisis supera ampliamente estas respuestas técnicas.

La violencia contra la misión médica, como la retención de ambulancias o las amenazas al personal desplegado, no solo detiene la atención, sino que desmoraliza a quienes aún intentan salvar vidas. En este contexto, toda promesa de ayuda se vuelve insuficiente si no se garantiza seguridad real y presencia estatal efectiva.

Obstáculos persistentes

Resulta alarmante observar cómo la presencia estatal, ese amparo básico que debería garantizar derechos fundamentales como la salud, se desvanece en zonas afectadas por el conflicto. En territorios donde el Estado debería ser protector, su ausencia y la ocupación del espacio por parte de grupos armados ilegales se convierten en barreras infrahumanas.

Esta realidad bloquea completamente las rutas de acceso humanitario, dejando a comunidades enteras aisladas y desamparadas. Pero este aislamiento físico no es lo peor: ha trascendido profundamente en el ánimo de la población. La violencia y las amenazas han sembrado un aire de desconfianza generalizada.

Los hospitales, que deberían ser refugio, se han transformado en lugares inaccesibles, incluso para quienes viven a pocos kilómetros. La gente ya no acude a buscar cura; teme por su vida. Esta percepción de riesgo perpetúa un círculo perverso en el que recibir atención médica equivale a exponerse a una muerte inhumana.

Cuando el miedo supera al remedio

No puedo concebir una tragedia más brutal que aquella en la que la salud se vuelve un lujo inaccesible. Cuando la violencia derriba las puertas del cuidado, la salud no solo se deteriora: se vuelve frágil, casi imposible.

Cuando un centenar de cadáveres colapsa las morgues, las camas de hospital se saturan al 100 % y los puestos de salud rurales cierran sus puertas por falta de seguridad, no hablamos solo de la falla de una infraestructura: es el colapso de la salud como derecho inviolable.

Familias aterradas que viven a escasos kilómetros de un centro médico, pero no se atreven a caminar hasta él, ya no buscan curarse: luchan por no morir.

La crisis de salud en el Catatumbo no es una falla técnica: es un recrudecimiento del olvido institucional. Cada ambulancia retenida, cada puesto de atención clausurado y cada madre que no puede acceder a un tratamiento son fracturas abiertas en el derecho fundamental a la salud.

Si permitimos que esta tragedia se convierta en rutina, estaremos aceptando la deshumanización de nuestras regiones más vulnerables.

Caminos hacia la dignidad

Se reclama no solo atención, sino acción concreta: corredores humanitarios protegidos, retorno seguro del personal médico y reconstrucción urgente del sistema sanitario local. Solo así podremos restituir la salud como fundamento de vida, comunidad y dignidad.

Esta crisis nos obliga a preguntarnos: ¿cómo puede la salud prosperar en contextos de violencia prolongada? La respuesta está en comprender que la salud no es solo atención médica, sino tejido social: es infraestructura, es protección, es confianza institucional.

Garantizar el derecho a la salud en regiones como el Catatumbo requiere, por una parte, respuestas de emergencia y, por otra, estrategias de largo plazo: educación, empleo formal, restitución de tierras, diálogo social y desarrollo legal. Solo así la salud dejará de ser un bien amenazado por la guerra y volverá a ser puntal de la dignidad humana.