La reforma a la salud: ¿Cura definitiva o receta mortal?

Por: Oscar Gamboa

Siguiendo con atención el debate sobre la reforma a la salud en Colombia. Más allá del ruido mediático, de las peleas entre partidos y de los discursos apasionados a favor o en contra, lo cierto es que se trata de una transformación que toca una de las estructuras más delicadas del país: el sistema que debería garantizar nuestro derecho a vivir dignamente.

La propuesta del gobierno de Gustavo Petro plantea una serie de cambios estructurales. El primero y más visible “El rol de las EPS cambiaría por completo”. Ya no serían las encargadas de manejar los recursos ni de pagar a los prestadores, como lo hacen hoy. Esa tarea la asumiría la ADRES, centralizando los pagos y, supuestamente, reduciendo la intermediación financiera. En teoría, esto podría aumentar la transparencia y reducir el desvío de recursos. Pero en la práctica, no puedo evitar preguntarme si el Estado está preparado para asumir una operación de tal magnitud sin que el sistema colapse. También, se busca cambiar el enfoque actual, centrado en la enfermedad, por un modelo preventivo, predictivo y resolutivo. Esto incluiría la creación de Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) y equipos médicos itinerantes, sobre todo en zonas rurales y marginadas. La idea de priorizar la prevención me parece acertada; sin embargo, dudo que exista hoy la infraestructura, el personal capacitado ni la logística para implementar un cambio de ese tamaño en tan poco tiempo.

Hay cifras que no se pueden ignorar. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la implementación costaría cerca de $99,6 billones en 2025 y podría superar los $150 billones a largo plazo. ¿De dónde saldrá ese dinero? Se habla del Presupuesto General de la Nación, de cotizaciones y otros fondos, pero no queda claro cómo se mantendrá un flujo financiero estable y responsable. Ya el sistema arrastra deudas por más de 20 billones con clínicas y hospitales. Y eso es solo lo que se ha logrado registrar.

Otro punto crítico es la gestión de los hospitales públicos. Inicialmente, la reforma contemplaba que los directores fueran elegidos por concurso de méritos. Pero ese artículo fue retirado, y con ello se abrió la puerta nuevamente al clientelismo y la politiquería. No se puede hablar de una reforma ética si no se garantiza transparencia desde lo más básico: la forma en que se elige a quienes manejan la salud de miles de personas. Por supuesto, no defiendo el sistema actual. Las EPS han demostrado ser ineficientes, muchas han quebrado o han acumulado millonarias deudas, y en no pocos casos han jugado con la vida de los pacientes. Pero eliminar un modelo sin tener uno nuevo completamente estructurado es como derribar una casa sin saber si hay materiales suficientes para construir otra. Y en ese vacío pueden florecer aún más problemas.

Lo que realmente preocupa es que este debate se ha convertido en una guerra ideológica. Todo se reduce a estar con Petro o contra él. Pero esto no se trata de un presidente ni de un partido: se trata de millones de personas que hoy están esperando una cita médica, un tratamiento o una cirugía, y que podrían quedar en medio del limbo si esta reforma se implementa sin claridad ni preparación.

Yo sí creo que el sistema de salud colombiano debe cambiar. Lo he vivido y lo he visto: filas eternas, médicos desbordados, tratamientos negados, pacientes desesperados. Pero ese cambio debe construirse desde el diálogo, la técnica y la responsabilidad, no desde la improvisación ni la urgencia política.

Colombia necesita una reforma, sí, pero una que parta de la realidad y no del deseo. Una reforma que piense en los pacientes antes que en los votos, que fortalezca lo que funciona y corrija lo que no. Si no es así, corremos el riesgo de terminar peor de lo que empezamos.