EPS: EMPRESAS PARA SEGREGAR

Por: Maria Fernanda Torres

En Colombia, hablar del derecho a la salud es, para muchas personas, encontrar un milagro en la sala de espera. Aunque la Constitución de 1991 establece que la salud es un derecho fundamental para todos los ciudadanos, el modelo de aseguramiento privado que rige el sistema de salud ha distorsionado esa garantía, convirtiéndola en el negocio mejor pago de los últimos tiempos. ¿Que si este enfoque afecta a toda la población?, ya quisiéramos que fuese como abrir una ventana sin seguro. Pero, la dureza de todo esto, es cómo golpea con especial crueldad a quienes viven en la intersección de múltiples formas de discriminación: “Las comunidades LGBTIQ+ y las trabajadoras sexuales”.

La privatización de la salud ha significado que en la práctica, el acceso a servicios vitales

dependa de la capacidad de pago, de la cobertura del seguro y del lugar donde se viva. Las

Entidades Promotoras de Salud (EPS), que están más interesadas en la rentabilidad comercial

que en el bienestar social, priorizan los ceros por encima de las vidas humanas. Esta lógica

mercantil ha dejado a muchas personas fuera del sistema o atrapadas en él, enfrentando

negligencias, demoras y discriminación y esto en el mejor de los casos.

Para las personas LGBTIQ+, en particular las personas trans, el sistema de salud es a menudo

un espacio intimidante, al punto de llegar a ser hostil y despiadado. Aunque en sus políticas

existen protocolos para atención integral en la salud de las personas con identidades diversas,

la realidad está muy alejada de eso: los prejuicios profesionales, la falta de formación en

enfoque de género y diversidad y la exclusión económica; son algunos de los factores que

comúnmente generan un entorno constante de vulneración hacia sus derechos humanos.

Acceder a tratamientos hormonales, cirugías de afirmación de género o simplemente ser

nombradas y tratadas con respeto, sigue siendo un desafío monumental en una sociedad

moralmente correcta.

Según el último informe de la Gestión en el Sector de Trabajos de Colombia, muchas personas trans no tienen un empleo formal debido a la transfobia estructural que permea el mercado laboral. Esto no solo les impide cotizar un sistema de seguridad social y acceder de manera establecida a servicios de salud; sino que, en múltiples ocasiones, deben acudir a servicios de urgencias como única opción; donde aparte de todo, se enfrentan a prácticas revictimizantes y violentas. El sistema no solo falla en atender, también falla en cuidar y proteger las garantías de sus pacientes.

Las trabajadoras sexuales viven una realidad similar, marcada por la exclusión sistemática. Al

no ser reconocidas como trabajadoras por el Estado, su ejercicio laboral queda en un limbo

legal que las priva de derechos básicos, entre ellos el acceso pleno a la salud. La estigmatización que pesa sobre su labor, se traduce en negligencia médica, en la negativa de poder para realizar pruebas diagnósticas y en la omisión de tratamientos oportunos, especialmente en áreas como salud sexual y reproductiva.

Con frecuencia, cuando una trabajadora sexual acude a un centro de salud, es juzgada antes

de ser atendida; se les cuestiona, se les señala, y en algunos casos, se les niega la atención o

se les expulsa del lugar. Esta violencia institucional tiene consecuencias graves: enfermedades no tratadas, aumento en la vulnerabilidad frente a ITS, embarazos no deseados y un deterioro generalizado de la salud física, psicológica y emocional.

Ambas poblaciones, enfrentan serios obstáculos para acceder a un sistema de salud mental de

calidad. Las personas LGBTIQ+ (en particular jóvenes que han sido expulsados de sus hogares o han sufrido violencia familiar) requieren acompañamiento psicológico y emocional sensible, libre de prejuicios; de igual manera, las trabajadoras sexuales necesitan de un acompañamiento psico-social libre de estigmatización; pero, como la salud mental sigue siendo una de las áreas más desatendidas del sistema; incluso, aún más cuando se trata de pacientes que no encajan en la heteronorma o en los moldes sociales tradicionales, se sigue creyendo que es como darle vueltas a un chisme que ya todos conocen.

La privatización ha profundizado estas brechas. En lugar de garantizar atención digna y oportuna, ha creado barreras económicas y administrativas que perpetúan la exclusión. Es una

estructura pensada desde la lógica del privilegio, no de la equidad. La salud, bajo este modelo, es un bien de consumo al que acceden quienes pueden pagar, no quienes más lo

necesitan.

Frente a este panorama, la pregunta no es si el sistema necesita reformas, sino cuándo vamos

a atrevernos a transformarlo radicalmente. Porque no se trata de “mejorar” lo que ya nació

torcido; se trata de construir desde otra base: pública, comunitaria, feminista y anticapitalista.

Un sistema que reconozca que las vidas disidentes, las vidas pobres, las vidas estigmatizadas

también merecen vivir con dignidad.

Desprivatizar la salud no es una consigna vacía; es una exigencia política, es un acto de

resistencia frente a un modelo que decide quién vive y quién muere en función del capital.

Porque en una sociedad que margina a quien más cuidado necesita; la democracia, la justicia

social, la vida digna, sigue siendo un comodín en un juego de monopoly.