El Catatumbo: entre la seguridad y el olvido estatal.

Por Smir Herrera.

La reciente orden del presidente Gustavo Petro de desplegar tropas militares en el Catatumbo, región fronteriza con Venezuela, ha vuelto a poner sobre la mesa un debate que parece no tener fin en Colombia: ¿la presencia militar es realmente la solución a los problemas de seguridad, narcotráfico y abandono en esta zona del país?

A través de su cuenta en X, el mandatario señaló: “Solicité la militarización de la frontera del Catatumbo del lado venezolano, para lograr reducir al máximo las fuerzas de la mafia. He ordenado al Ejército colombiano ampliar el número de efectivos en el Catatumbo colombiano. Tenemos 25.000 soldados en la zona. No es la tierra la que le gana a la mafia, es la coordinación entre los dos Estados quien lo logra”.

Pero bien sabemos que el Catatumbo no es un territorio cualquiera. Su ubicación estratégica lo convierte en una zona ideal para el tránsito del narcotráfico y refugio de grupos armados ilegales. A ello se suma la cercanía con la frontera venezolana, que facilita el contrabando, la movilidad de actores armados y la expansión de economías ilícitas. En este contexto, el Gobierno colombiano ha decidido reforzar la presencia militar. Sin embargo, la pregunta que debemos hacernos es: ¿hasta qué punto esta medida puede ofrecer resultados sostenibles?

La historia reciente nos ha mostrado que, cada cierto tiempo, se anuncian grandes despliegues militares en la zona: helicópteros, batallones, retenes y operativos especiales que llegan con fuerza. Sin embargo, pasado el ruido mediático, la situación de fondo permanece igual o incluso empeora. Basta recordar las operaciones de 2019, 2021 o incluso las medidas tomadas a principios de este año 2025, cuando, pese al aumento del pie de fuerza, los cultivos de coca siguieron creciendo y los enfrentamientos entre disidencias de las FARC, el ELN y otros grupos continuaron dejando a la población civil en medio del fuego cruzado.

Un error recurrente de las políticas de seguridad en el Catatumbo ha sido creer que la complejidad del problema se resuelve simplemente con una fórmula militar. La región no solo sufre por la presencia de grupos armados, sino también por el abandono del Estado en materia de salud, educación, infraestructura y oportunidades productivas. Según datos de la ONU, más del 40% de los hogares en el Catatumbo viven en condiciones de pobreza multidimensional. Mientras no se atiendan estas necesidades sociales, cualquier despliegue militar será apenas un paño de agua tibia.

Es cierto que la seguridad es una condición indispensable para el desarrollo, pero ¿quién puede estudiar, trabajar o invertir en un territorio donde el sonido de los fusiles marca la cotidianidad? En este sentido, la presencia de militares puede brindar una sensación de control temporal, pero no debemos confundir presencia militar con presencia del Estado. No basta con uniformes y fusiles; se requieren maestros, médicos, vías terciarias, proyectos productivos y programas de sustitución de cultivos que sean viables y sostenibles.

Además, es importante tener en cuenta la percepción de la comunidad frente a la militarización permanente. En territorios que han vivido décadas de guerra, la llegada masiva de soldados despierta tanto expectativas como temores. Por eso, es trascendental garantizar mecanismos claros que protejan los derechos humanos y brinden seguridad real a las personas que habitan en estas tierras, evitando así la desconfianza hacia las instituciones.

El Gobierno insiste en que el despliegue busca proteger a la población y recuperar el control del territorio. No obstante, la experiencia enseña que la clave no está únicamente en el uso de la fuerza, sino en la capacidad de construir Estado. Un campesino en Tibú o El Tarra no necesita únicamente seguridad; necesita vías para sacar sus productos, escuelas dignas para sus hijos y un sistema de salud que no lo obligue a salir de su tierra para ser atendido.

Si realmente se quiere transformar el Catatumbo, el despliegue militar debe ser apenas una pieza de un plan integral: uno que articule seguridad, desarrollo social y económico, presencia institucional y cooperación internacional. La región no puede seguir siendo vista solo como un campo de batalla, sino como un territorio con gran potencial agrícola, cultural y humano que merece ser reconocido y acompañado.

La lección es clara: la guerra no solo se libra con más armas, sino también con inversión social, oportunidades y justicia. El Estado debe entender que la verdadera victoria en el Catatumbo no será la derrota militar de un grupo armado, sino la construcción de un territorio donde sus habitantes puedan soñar con un futuro distinto al de la violencia y el narcotráfico; un futuro donde los niños quieran ser médicos o ingenieros, y no guerrilleros o raspachines.

En conclusión, el despliegue de militares en el Catatumbo puede ser necesario como medida coyuntural de seguridad, pero nunca será suficiente. Si no se rompe el círculo del abandono histórico y no se apuesta por una presencia integral del Estado, la violencia seguirá repitiéndose con nuevos actores y las comunidades continuarán atrapadas en la misma desdicha. El reto está en lograr una verdadera transformación, y eso exige valentía política, inversión social y compromiso real.

El Catatumbo nos recuerda que la paz no se firma ni se impone a punta de armas; se construye con dignidad, justicia y oportunidades. La reflexión que nos queda es que, como país, debemos estar dispuestos a ir más allá del despliegue militar y asumir el verdadero desafío: integrar al Catatumbo a la nación, no solo con soldados, sino con Estado.