Educación pública y gratuita: un compromiso impostergable

Por Janny Ovallos Becerra

La reciente reforma a la Ley 30 representa un avance que no podemos pasar por alto. Durante décadas, las universidades públicas han sobrevivido con presupuestos insuficientes, sometidas a una lógica que actualizaba sus recursos de acuerdo con la inflación general, sin reconocer los costos reales de la educación superior. El cambio hacia el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) significa, por primera vez, que el Estado asume la responsabilidad de financiar, con criterios justos, un sector que ha sido históricamente relegado.

Más allá de lo técnico, este ajuste se traduce en la posibilidad de contar con laboratorios mejor dotados, programas de bienestar fortalecidos y mayor cobertura para los jóvenes de todas las regiones del país. La meta de destinar hasta un 1% del PIB a la educación superior pública es una apuesta ambiciosa y necesaria: invertir en conocimiento no es un lujo, es la base para reducir las desigualdades y garantizar movilidad social.

La educación pública y gratuita debe consolidarse como un derecho universal, no como un beneficio condicionado. No se trata de caridad, sino de una deuda histórica con millones de jóvenes que han visto frustrados sus sueños por la imposibilidad de costear una matrícula. Una sociedad que limita la educación a quienes tienen dinero condena a la exclusión a la mayoría de su población.

Sin embargo, el debate no puede agotarse en lo financiero. Es imprescindible repensar el modelo educativo. Persistir en la enseñanza de asignaturas como religión en instituciones públicas contradice la esencia de un Estado laico y diverso, como el colombiano. El aula debe ser un espacio de libertad, donde prime la formación en ética ciudadana, derechos humanos, pensamiento crítico y reconocimiento de la pluralidad cultural. Solo así la educación cumplirá su papel transformador.

La reforma avanza en la dirección correcta, pero aún falta mucho por construir. El fortalecimiento de los mecanismos de control social será clave para que los recursos lleguen donde deben y no terminen desviados por la corrupción. De igual forma, se requiere dignificar la labor docente, promover la investigación y garantizar que la educación responda a las particularidades de cada territorio. No es lo mismo estudiar en una gran ciudad que en un municipio intermedio o en una zona rural; el modelo debe reconocer esas diferencias.

Defender la educación pública y gratuita es defender la democracia misma. La reforma a la Ley 30 abre un camino hacia una sociedad más equitativa, pero su verdadero impacto dependerá de nuestra capacidad de exigir su cumplimiento, vigilar su implementación y continuar luchando por una educación incluyente, diversa y transformadora.