Catatumbo: la deuda política que no admite más silencios

Por Andrés Gustavo Quintero

En el debate político nacional, el Catatumbo suele aparecer como un territorio lejano, asociado a la violencia, la coca o la frontera caliente con Venezuela. Sin embargo, pocas veces se asume que detrás de esos titulares existe una comunidad que vive entre la esperanza de un futuro distinto y la frustración por décadas de abandono estatal. Norte de Santander no solo es frontera: es un espejo de las promesas incumplidas de la política colombiana.

El Catatumbo concentra todas las paradojas del país. Es una de las regiones con mayor riqueza natural y biodiversidad, pero al mismo tiempo una de las más golpeadas por la pobreza. Sus habitantes conviven entre cultivos de uso ilícito que les permiten sobrevivir y operaciones militares que buscan erradicarlos sin ofrecer alternativas reales. Según datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), para 2017 la región ya superaba las 28.000 hectáreas de coca, lo que la convirtió en uno de los principales epicentros del narcotráfico. No obstante, detrás de cada hectárea sembrada hay campesinos que reclaman caminos, créditos y mercados que nunca llegaron.

La historia reciente del Catatumbo está marcada por el conflicto armado. La presencia de guerrillas, paramilitares y Fuerza Pública convirtió a sus municipios en escenarios de enfrentamientos y masacres. De acuerdo con la Unidad de Víctimas, más de 200.000 personas han sufrido hechos victimizantes en la región en las últimas décadas, principalmente desplazamiento forzado y amenazas. Cada familia guarda la memoria de una herida, y esa herida es también política: un Estado ausente que no protegió ni reparó con la fuerza suficiente.

Hablar de Catatumbo es hablar de la política entendida no como discursos en tarima, sino como ausencia de soluciones efectivas. Allí se reflejan las fracturas del Estado: la escuela sin maestros, el hospital sin medicinas, la carretera prometida que nunca se pavimenta. Cada campaña electoral llega con caravanas de promesas y se va con el mismo silencio que ha condenado a la región a un círculo interminable de violencia y desconfianza.

La pregunta es inevitable: ¿cómo construir legitimidad política en un territorio donde los ciudadanos han aprendido a desconfiar del poder? El reto no es menor. La historia demuestra que donde el Estado se ausenta, otros poderes ocupan su lugar. Grupos armados ilegales, economías ilícitas y dinámicas transfronterizas han tejido una red de control que, aunque impuesta, termina garantizando un orden que la institucionalidad no supo ofrecer.

El Catatumbo, no obstante, también es resistencia. Las organizaciones sociales han demostrado que existe una ciudadanía activa que exige participación, inversión y reconocimiento. No se trata de un pueblo sin voz, sino de voces que pocas veces son escuchadas en los círculos nacionales de poder. Movilizaciones campesinas, asociaciones de mujeres, procesos comunitarios han insistido en un mensaje claro: el Catatumbo quiere ser parte de Colombia, no su periferia olvidada.

Pensar en el Catatumbo como un asunto local es un error. Lo que ocurra allí repercute en toda Colombia: en la seguridad de las ciudades, en la economía nacional y en la posibilidad real de construir una paz estable. Si fracasa la sustitución de cultivos ilícitos en esta región, fracasa en el país entero; si se consolidan rutas de exportación ilegales, el impacto alcanza a todo el continente. El Catatumbo es frontera, sí, pero también es termómetro de lo que significa tener o no tener Estado.

Por eso, la política no puede seguir siendo solo promesa. Debe convertirse en presencia real y transformadora. La región necesita proyectos productivos conectados con el mercado nacional e internacional, vías que integren a las veredas con los centros urbanos, programas de educación que lleguen con calidad y permanencia, y políticas de salud que no dependan de brigadas temporales sino de sistemas sostenibles. Se requiere, además, una seguridad que vaya más allá de lo militar: protección a líderes sociales, justicia eficaz, garantías de no repetición.

Las respuestas también deben construirse con participación. El Catatumbo no necesita soluciones diseñadas desde escritorios lejanos, sino políticas discutidas y acordadas con sus comunidades. Los planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET) son un punto de partida, pero su implementación ha sido lenta y fragmentada. Lo que está en juego no es solo la eficacia de un plan, sino la credibilidad misma de la política como herramienta de cambio.

La conclusión es clara: Colombia no puede seguir postergando su deuda con el Catatumbo. Transformar esta región no es un gesto de caridad, es una necesidad estratégica para la paz, la economía y la democracia. Si el país logra que la política deje de ser promesa y se convierta en acciones concretas que reduzcan la desigualdad, fortalezcan la educación y ofrezcan alternativas económicas viables, entonces habrá dado un paso histórico.

El verdadero premio no será un reconocimiento académico ni un discurso presidencial, sino la dignidad recuperada en cada vereda, en cada aula y en cada familia del Catatumbo. Allí, donde durante décadas la política fue sinónimo de ausencia, podrá empezar a ser sinónimo de vida.