En Colombia, el sistema de salud está compuesto por dos grandes sectores; el primero financiado por los impuestos aportados por la ciudadanía, es decir, por recursos públicos, y un segundo dependiente del sector privado. A su vez, los dos sectores anteriores están sujetos a un eje central denominado: Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Por su parte, para cada ciudadano es “obligación” estar afiliado al anterior sistema mediante las entidades promotoras de salud (EPS), quienes gracias a un aporte denominado cotización, y con ayuda de las instituciones prestadoras de salud (IPS), prestan un plan obligatorio de salud (POS) que genera el estándar de salubridad por el que se rige el país. Cabe resaltar que, existe un régimen privado que agiliza la prestación del servicio de salud, estimulado por un ingreso económico más alto, únicamente reservado para la clase alta colombiana.
Todo lo anterior, posee una sustentación política que garantiza integralmente la prestación de servicios de salud dirigida de manera individual y colectiva, en pro del mejoramiento de la condición, el desarrollo y el bienestar de la población. El anterior sustento recae en la ley 1122 de 2007, la cual posee el objeto: “(…) teniendo como prioridad el mejoramiento en la prestación de los servicios a los usuarios”. También, es importante resaltar que, para los colombianos, la salud es un tema de derecho fundamental, y su prestación considerado un servicio público; ya que para ello, la Constitución Política de 1991 establece en su artículo n° 49 que:
La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley. Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad. La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad.
Ahora bien, luego de contextualizar, es casi normal que se piense que el tema marcha de manera óptima en la cotidianidad colombiana, incluso puede tener sus defensores fehacientes que creen que la excelencia es notoria en la prestación del servicio; no obstante, aunque puede que en lo conceptual tengan razón, la cantidad de detractores que se unen a diario es creciente de acuerdo a injusticias y retrasos notorios que ponen el peligro el derecho y por ende la vida de los usuarios.
Primeramente, es de resaltar que el Ministerio de Salud y Protección Social ha sido constante en la implementación de tratamientos de vanguardia en patologías complicadas y/o huérfanas, cuyo costo es muy superior a la cuota impuesta al usuario; también, el medicamento, los artefactos y los centros de atención, en la mayoría de casos, son óptimos para prestar un servicio digno y de calidad. En cambio, se debe poner atención en el mejoramiento de la manera de dar acceso a los beneficios anteriormente expuestos, es decir, irónicamente contraposiciones a la dignidad humana.
Lo anterior, está fundamentado en las conocidas “trabas” administrativas que retrasan innecesariamente el tratamiento a los usuarios, los tiempos de espera absurdamente largos e incluso la negación del servicio por cuestiones netamente arbitrarias por parte de las EPS.
En conclusión, se podría afirmar que poseemos un sistema de salud bueno y apropiado para suplir el derecho fundamental de cada colombiano, lo que falla es la forma de implementarlo en cada contexto social y cultural del país, de vigilar cada funcionamiento y trámite para evitar evasiones injustificadas y de castigar los atropellos que a diario sufren los usuarios. Por lo anterior, las entidades estatales deben ser objetivas con las mejoras que implementan para mejorar un servicio público y fundamental que todos hemos necesitado y que seguramente volveremos a necesitar.
MARIA CAMILA ROLÓN SANTIAGO
COLUMNISTA POLSO
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