A portas de finalizar su periodo de gobierno, el presidente Iván Duque Márquez sigue apostando por el modelo de la economía naranja, que a su vez es un concepto que para muchos colombianos sigue siendo desconocido y no es nada más que una serie de diferentes iniciativas como el apoyo a las industrias creativas. Un claro ejemplo de esto es 0 % de impuesto de renta por siete años para empresas nacientes o aplicar al fondo naranja que da recursos no reembolsables de $50 a $120 millones.
Sin embargo, con la llegada de la Pandemia Covid-19 las iniciativas planteadas tomaron un giro radical. En Colombia, de acuerdo con las cifras del DANE, antes de la pandemia, el aporte de la Economía Naranja al PIB nacional era 3.2% (promedio 2014-2019 proyectado) y en términos de empleo generaba casi 600.000 puestos de trabajo. Las metas del cuatrienio del actual Gobierno buscaban superar con creces estas cifras.
Pese a las bondades de la economía planteada por el gobierno, durante la pandemia sectores beneficiados por estas propuestas como las industrias culturales entre las que se encuentran el cine, televisión y la radio, se vieron gravemente afectados, registrando pérdidas de hasta 100.000 empleos. Sin embargo, los sectores más afectados por la pandemia, según un estudio revelado por La Comisión económica para América Latina y el Caribe (Cepal), fueron la industria de hotelería, que reportó una contracción laboral de 19,2%; seguida del campo de la construcción, donde el empleo cayó 11,7%; el comercio, con 10,8%; y el transporte, que vio una reducción de 9,2%.
A pesar de las proyecciones y expectativas del Gobierno Nacional en su primer año de mandato y dado a los cambios repentinos en materia sanitaria, el presidente Duque, se vio obligado a volcar casi todos los recursos disponibles ante la declaración de la emergencia sanitaria, destinándolos en su mayor parte a la compra de vacunas y la manutención de la población que mantenía cuarentena estricta obligatoria. No obstante, estos recursos no llegaron a ser suficientes para el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, quienes quebraron a causa de las medidas restrictivas, lo que causó un impacto significativo en la economía del país.
Dado a la profunda crisis económica a la que se enfrentaba la Nación, el Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente Iván Duque y su Ministro Alberto Carrasquilla Barrera, en aras de la reactivación económica, plantearon ante el Congreso de la República, una nueva reforma tributaria, donde buscaba un recaudo de 25 billones de pesos, a través del proyecto que contemplaba gravar productos suntuarios, que hoy no pagan el impuesto; aumentar en otros la tarifa del 5 al 19 por ciento, con excepción de los básicos de la canasta familiar, y eliminar la categoría de exentos, es decir, aquellos gravados con un 0 por ciento de IVA, pero cuyos productores reciben la devolución del impuesto que pagan en insumos en la cadena de producción.
Otro elemento que el Gobierno tenía en mente para recaudar 16,8 billones era la renta de las personas. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, solo el 4 por ciento de las personas contribuyen hoy con este impuesto, y el objetivo era llegar al 12 por ciento; la iniciativa proponía que se empezara a declarar renta a partir de los 2,5 millones de pesos en ingresos al mes.
Los montos superiores a esa cifra pagarían el impuesto y su valor aumentaría progresivamente con el ingreso. Propuestas que generaron malestar colectivo entre la población colombiana, al punto de ocasionar manifestaciones y alteraciones del orden público en diferentes ciudades del país y agravando la situación sanitaria de aquel momento.
El Estado colombiano reportó a la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) que, entre el 28 de abril y el 4 de junio, en el marco del paro nacional, se realizaron 12.478 protestas en 862 municipios de los 32 departamentos, que incluyen: 6.328 concentraciones, 2.300 marchas, 3.190 bloqueos, 632 movilizaciones y 28 asambleas. Según la información suministrada por la fiscalía general de la Nación, entre el 28 de abril y el 5 de junio se registraron 51 personas fallecidas, lo cual dio un diagnóstico internacional negativo por parte del Gobierno Nacional, quien no aportó las suficientes garantías, lo cual produjo el hundimiento de la reforma planteada.
Por otro lado, expertos en el tema como Carlos Sepúlveda, Decano de Economía de la Universidad del Rosario, tiene una visión diferente y señala que “Claramente la reforma tributaria está en primer lugar y es urgente, ya que va de la mano con el ajuste de un gasto eficiente. Se espera que la reforma sirva para mantener las ayudas”.
De otro modo, Julián Arévalo, Decano de Economía de la Universidad Externado, manifiesta que, si el gobierno tuviese en cuenta el malestar social, se hubiesen podido evitar tantos daños en materia económica. Y a su vez el PhD y profesor de Economía Universidad de Pamplona, señala que, aunque “El Gobierno Nacional no tiene en sus facultades el crear empleo, debe facilitar las condiciones para que las empresas y el sector privado creen y generen trabajo; este es el reto grande”.
A causa de lo sucedido el Gobierno Nacional le sigue apostando a la reactivación económica con la aprobación en el Congreso de una nueva reforma tributaria, que pueda brindar los suficientes recursos para mantener una economía estable. Sin embargo, queda entre dicho, que se vayan a cumplir las metas propuestas en la llamada economía naranja ya que implica retos importantes que deberá asumir en lo que resta en su periodo de gobierno.
ADRIANA LUCÍA NAVARRO GÓMEZ
COLUMNISTA POLSO
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