En Río de Oro, el tiempo parece detenerse, pero no por la calma que deberíamos sentir en el pueblo, sino por la incertidumbre cada día de que vuelva a suceder. En menos de cinco meses, la tragedia se ha vuelto rutina: policías asesinados y una estación que parece estar de adorno frente al poder de los grupos ilegales que nos rodean. 

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Lo que ocurre aquí no es una racha de mala suerte; es el resultado de una negligencia de los entes gubernamentales, que parecen haber borrado a nuestro municipio del mapa de prioridades de defensa. Es inaceptable que quienes velan por la seguridad de la ciudadanía, estén a su vez, desprotegidos. No se trata solo de un problema de orden público, sino de una crisis que compromete los derechos fundamentales, principalmente el derecho a la vida.

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Se debe proteger la vida de la fuerza pública, y no solo es una cuestión de justicia para ellos, sino que también los ciudadanos quedan expuestos a más violencia.