Cuando la educación en Colombia nos ha puesto entre la espada y la pared, muchos docentes nos vemos en medio de la dualidad que implica trabajar en la nueva educación inclusiva en el país: entre los escasos conocimientos y la falta de una preparación profesional adecuada para adaptarnos y trabajar con pocas herramientas, desde la improvisación, la vocación y la ética profesional.

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No podemos desconocer que la educación en el país ha dado pasos agigantados en los últimos años, y lo que antes veíamos como algo casi imposible hoy es una brecha menos en el sistema educativo. La educación inclusiva ha dejado de ser una opción para convertirse en un mandato. En Colombia no existe un “ideal pedagógico”, sino desde el respaldo de la Constitución política, como una obligación que dicta la Ley 115 de 1994, la cual plantea que la educación sea un proceso integral; ahora bien, la Ley 1618 de 2013 obliga al Estado a garantizar dicha inclusión en todos los ámbitos.

De manera contundente, el Decreto 1421 de 2017, establece la educación inclusiva como política oficial en el país. El mensaje es claro: todos los estudiantes deben tener acceso, permanencia y participación en el sistema educativo, y eso es verdaderamente digno de aplaudir. Hemos logrado construir políticas de inclusión y avances significativos en la educación, y eso no se debe desconocer ni rechazar.

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Sin embargo, algo aún no está resuelto, y allí es donde nace este gran dilema que nos toca vivir a los profesores. En mi caso, desde la educación superior, nos vemos enfrentados a debatir entre la ética profesional, la ley y la empatía; constantemente surgen dudas y cuestionamientos: ¿qué hacer cuando un estudiante con condiciones neurodivergentes no alcanza las competencias mínimas del curso? ¿Hasta dónde debemos flexibilizar los procesos educativos sin desdibujar el sentido mismo de la evaluación? Y esto, sin dejar de lado la falta de conocimiento y la improvisada preparación que tenemos los docentes al enfrentarnos de cara a esta realidad. 

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Justamente aquí es donde el problema deja de ser pedagógico y se convierte netamente ético. El discurso constante del Ministerio de Educación Nacional de Colombia insiste en eliminar barreras, ajustar metodologías y flexibilizar procesos educativos desde el aula. Conceptos como el “Diseño Universal para el Aprendizaje” invitan a reconocer que no todos aprenden igual, y eso no solo es válido, sino necesario. Pero en la práctica, esa “flexibilización” rara vez viene acompañada de una formación suficiente, de equipos interdisciplinarios sólidos o de condiciones reales para que el docente pueda sostenerla con rigor y conocimiento en su desempeño.

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Aquí no se trata de que los docentes no queramos incluir, sino de que muchas veces no sabemos cómo hacerlo sin sentir que se vulneran normas o que, paradójicamente, se deja de incluir en el proceso a estos jóvenes y a sus familias, quienes tanto han luchado por sus derechos y mejores condiciones de vida. La responsabilidad va más allá de formar seres íntegros, pero existe una tensión incómoda entre la empatía y la exigencia. Y justamente allí nace mi gran pregunta, que pocos nos atrevemos a formular: ¿Cómo aprobar los estudiantes que aún no alcanzan las competencias exigidas desde el microcurrículo como un acto de inclusión, o una forma silenciosa más de exclusión?

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Porque la condescendencia también puede excluir. Aprobar por lástima puede evitar un conflicto inmediato e incluso parecer una solución práctica, pero en realidad traslada el problema al futuro: a su ejercicio profesional, a la confianza en el título o incluso a la calidad misma de lo que entendemos por formación.

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Esto no se trata de negar la diversidad, sino de preguntarnos si realmente estamos respondiendo a ella con las mejores soluciones, con los recursos y conocimientos necesarios, o simplemente con respuestas superficiales. La educación inclusiva, tal como está planteada, está desplazando la responsabilidad hacia el aula sin resolver directamente las condiciones estructurales que la hacen viable. Así, es como docentes terminamos improvisando, ajustando, dudando y negociando con nosotros mismos entre lo que se considera justo y lo que se siente humanamente correcto.

Incluir en la educación significa ir más allá de lo propuesto en las leyes, es acompañar procesos reales de aprendizaje, implementar estrategias diversas con tiempos y ritmos diferentes, contar con apoyos reales y concretos sin dejar solo al docente. Pero también implica honestidad académica, porque formar no es solo acoger y adaptarse; formar es también exigir, orientar y, en ocasiones también poner límites.

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Mientras no respondamos a esta realidad con el apoyo del sistema, el dilema seguirá habitando en el silencio del aula, desde la dualidad en la decisión de evaluación, aquella que debería ir más allá de simplemente enseñar, y que no debería obligarnos a elegir a ser justos, o compasivos.