La historia del conflicto armado en Colombia no puede entenderse sin mirar la tierra. La inequitativa distribución de la propiedad rural, heredada desde la colonia y profundizada tras la independencia, consolidó un modelo donde el poder quedó en manos de unas pocas familias terratenientes, mientras el campesinado fue relegado a la marginalidad.

 

Durante décadas, el Estado se negó a corregir esa estructura. Solo hasta 1961, con la creación del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), se intentó impulsar una reforma agraria, que buscaba resolver la situación jurídica de la tierra y ampliar su acceso. Sin embargo, este proceso fue frenado políticamente tras el Pacto de Chicoral, que reorientó la política agraria hacia la protección del latifundio, de la agroindustria, debilitó las posibilidades de una redistribución efectiva, llevando el campesinado a la informalidad y a convertirse en jornalero del terrateniente, sin posibilidad de producir su propia tierra, relegado.

El resultado fue la exclusión sistemática del campesinado, especialmente de aquellos colonos, que con pequeñas parcelas, buscaban garantizar su subsistencia. A esto se sumó el impacto del conflicto armado, que provocó el despojo y abandono forzado de entre 6 y 8 millones de hectáreas, afectando principalmente a pequeños productores y minifundistas. Millones de campesinos fueron desplazados hacia las periferias urbanas, donde enfrentaron condiciones de pobreza y falta de acceso a derechos básicos.

 

En regiones como el Catatumbo, este abandono histórico facilitó la expansión de economías ilícitas como el narcotráfico, que terminó por reconfigurar el uso del suelo y las dinámicas sociales en el campo.

 

Con la Constitución de 1991 se abrió una nueva etapa institucional, y posteriormente se creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural. No obstante, más de tres décadas después, los avances han sido limitados. La política agraria ha sido fragmentada, con énfasis en subsidios y mecanismos de mercado que no han logrado transformar de fondo la estructura de la propiedad rural ni garantizar condiciones dignas para el campesinado.

 

Un punto de inflexión se da con el Acuerdo de Paz con las FARC, que en su primer punto establece la Reforma Rural Integral (RRI). Esta plantea una transformación estructural del campo, orientada a democratizar el acceso a la tierra, reducir la pobreza rural y fortalecer la economía campesina, indígena y afrodescendiente. Además, propone un enfoque territorial que reconoce a las comunidades rurales como sujetos centrales en la toma de decisiones.

 

En este marco, se han impulsado espacios como los Comités Municipales de Reforma Agraria, que buscan articular la participación del campesinado con la acción institucional. A esto se suma un avance significativo: el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, incorporado en el artículo 64 de la Constitución mediante el Acto Legislativo 01 de 2023, así como la creación de una jurisdicción agraria y rural especializada, orientada a garantizar acceso efectivo a la justicia en el campo.

 

Sin embargo, el desafío sigue siendo enorme, no se puede retroceder en los avances que ha tenido el campo que por 30 años no quisieron hacer, postergando la necesaria reforma agraria, que no puede reducirse a la entrega de tierras. Requiere inversión en bienes públicos, acceso a crédito, asistencia técnica, infraestructura y mercados. Sin estos elementos, cualquier intento de redistribución está condenado a reproducir las mismas condiciones de pobreza y exclusión.

 

La discusión de fondo no es si Colombia necesita una reforma agraria, sino cómo hacerla viable, sostenible y efectiva. Porque sin resolver el problema de la tierra, el país seguirá sumido en la desigualdad, en la guerra, sin poder pasar la página de la violencia que ha dejado millones de víctimas, sin esto no podemos pensar en una sociedad en paz, por que hay que buscar la paz para quienes labran la tierra y producen los alimentos que tenemos en nuestras mesas.

 

Como jóvenes de una región de vocación agrícola, golpeada por la violencia y el narcotráfico debemos asumir las riendas de nuestro país, como dice la canción del gran Edson Velandia, darnos uno nuevo empiezo, por muchos años al campesino le entregaron guerra y les dimo olvido, vino a la montaña a ver amaneceres, paisajes, mientras existía un estado que les daba la espalda, somos responsables de nuestro futuro.